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Ley de datos personales 2.0: ¿alcanza la regulación actual para un mundo hiperconectado?
Argentina discute una actualización de su ley de protección de datos, vigente desde el año 2000. En un escenario marcado por inteligencia artificial, vigilancia comercial, plataformas globales y filtraciones masivas, expertos advierten que el marco legal quedó desfasado. ¿Qué falta, quién presiona y por qué urge modernizar las reglas?
Una ley analógica para problemas digitales
La Ley 25.326 nació en un contexto donde las redes sociales recién emergían, los teléfonos no eran inteligentes y la economía de los datos era todavía un concepto académico. Veinticinco años después, la vida cotidiana está completamente mediada por plataformas, desde operaciones bancarias y trámites digitales hasta historiales de salud, movilidad y consumo.
En paralelo, el país vivió una sucesión de filtraciones: bases de datos estatales, registros de clientes, historiales médicos, padrones y perfiles de redes sociales. Para especialistas en ciberseguridad, el diagnóstico es claro: la norma actual no contempla la escala ni la velocidad con la que hoy circula información sensible.
Si la economía se volvió digital, la regulación quedó en papel.
Qué busca la actualización: nuevos derechos y obligaciones
El borrador de la llamada “Ley de Datos Personales 2.0” —impulsada por la Agencia de Acceso a la Información Pública— apunta a modernizar el marco legal y alinearlo con estándares internacionales como el GDPR europeo.
Entre los puntos clave se destacan:
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Derecho a la portabilidad de datos, para que cualquier usuario pueda llevarse su información de una plataforma a otra.
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Consentimiento más estricto, evitando casillas pre-marcadas o cláusulas difíciles de comprender.
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Protección reforzada para datos sensibles, incluidos biométricos, genéticos y vinculados a salud.
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Obligación de reportar filtraciones en plazos acotados, algo inexistente en la normativa actual.
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Evaluaciones de impacto cuando empresas o el Estado implementen tecnologías de alto riesgo, como sistemas de IA o vigilancia.
Para organizaciones de derechos digitales, estos cambios son fundamentales, pero aún insuficientes.
Los puntos críticos: inteligencia artificial y transparencia estatal
El debate más intenso gira en torno a la inteligencia artificial. Hoy, algoritmos deciden desde quién accede a un crédito hasta qué contenido ve un usuario en redes sociales. Sin embargo, la legislación argentina no exige explicar cómo funcionan esos modelos, ni permite impugnar decisiones automatizadas que afecten derechos.
Otro punto sensible es el rol del Estado. Bases de datos de seguridad, salud, subsidios y educación se cruzan cada vez más, pero la supervisión es débil. ONG y especialistas reclaman mayor transparencia en el uso de información pública, auditorías externas y límites claros al reconocimiento facial y a la vigilancia en tiempo real.
Sin estos mecanismos, advierten, el Estado podría convertirse en el mayor recolector de datos sin control democrático adecuado.
Presiones, lobby y los desafíos de legislar en tiempo real
Actualizar la ley no es solo un desafío técnico sino político. Grandes plataformas digitales, cámaras empresariales y organismos públicos buscan influir en el texto final. Mientras algunos sectores reclaman más flexibilidad para “no frenar la innovación”, otros alertan sobre el riesgo de legislar a medida de empresas globales.
A esto se suma un problema estructural: la tecnología avanza más rápido que el Congreso. Cuando una regulación entra en vigencia, el ecosistema digital ya cambió. Por eso muchos especialistas piden una ley más amplia, adaptable y basada en principios, no en casuística.
¿Una oportunidad o un parche?
La actualización de la ley representa un paso necesario, pero no garantiza por sí sola una protección efectiva. Requiere presupuesto, organismos fuertes, educación digital y cumplimiento real por parte de empresas y del Estado.
La conclusión parece unánime entre expertos: la regulación actual no alcanza, y la futura tampoco funcionará si no se acompaña de control, transparencia y ciudadanía informada. En una economía donde los datos valen más que el dinero, la pregunta es urgente: ¿quién protege a los usuarios cuando su información es la nueva moneda de cambio?
