Límite de Pista
Cuando la evidencia compite con la política: el lugar de la ciencia en la toma de decisiones públicas
Aunque la producción científica crece y se diversifica, su traducción en políticas públicas sigue siendo desigual. Entre evidencia, intereses y urgencias, los gobiernos oscilan entre apoyarse en datos o ignorarlos.
De la evidencia al decreto: un camino no lineal
En teoría, las políticas públicas deberían basarse en evidencia científica sólida. En la práctica, ese vínculo es más complejo. La ciencia ofrece datos, modelos y proyecciones; la política, en cambio, responde a múltiples variables: tiempos electorales, restricciones presupuestarias, presiones sectoriales y percepciones sociales.
Organismos como la Organización Mundial de la Salud o el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático producen informes con consenso internacional que orientan decisiones en salud y ambiente. Sin embargo, la adopción de sus recomendaciones varía significativamente entre países.
La pandemia como caso testigo
La crisis del COVID-19 evidenció tanto el potencial como los límites de la ciencia en la gestión pública. Gobiernos que integraron comités de expertos y siguieron recomendaciones epidemiológicas lograron, en muchos casos, respuestas más coordinadas. Otros, en cambio, priorizaron consideraciones económicas o políticas por sobre la evidencia.
El uso de modelos matemáticos para proyectar contagios, por ejemplo, fue clave para definir cuarentenas y estrategias sanitarias. Pero también mostró sus límites: la incertidumbre inherente a los datos generó críticas y desconfianza cuando las predicciones no se cumplían con exactitud.
Cambio climático: consenso científico, acción dispar
Pocos temas muestran una brecha tan clara entre ciencia y política como el cambio climático. Existe un consenso robusto en la comunidad científica sobre el origen antropogénico del calentamiento global, respaldado por décadas de investigación. Aun así, las políticas de mitigación avanzan de manera desigual.
Mientras algunos países adoptan metas ambiciosas de reducción de emisiones, otros postergan decisiones clave. Factores económicos —como la dependencia de combustibles fósiles— y disputas geopolíticas influyen en la velocidad de acción, a pesar de la evidencia científica acumulada.
Barreras estructurales y comunicación deficiente
Uno de los principales obstáculos es la traducción del conocimiento científico a un lenguaje útil para la toma de decisiones. Los papers académicos no siempre son accesibles para funcionarios, y los tiempos de la investigación suelen ser más lentos que los de la política.
Además, la comunicación pública de la ciencia juega un rol central. Mensajes ambiguos o contradictorios pueden erosionar la confianza y facilitar la politización de la evidencia. En este contexto, los intermediarios —asesores científicos, think tanks, organismos técnicos— se vuelven actores clave.
Hacia políticas basadas en evidencia
En los últimos años, creció el impulso por institucionalizar el uso de evidencia en el diseño de políticas. Países como el Reino Unido y Canadá desarrollaron oficinas específicas para integrar ciencia en la gestión pública. En América Latina, el avance es más incipiente pero sostenido.
El desafío no es solo producir más conocimiento, sino integrarlo de manera efectiva en decisiones concretas. Esto implica fortalecer la alfabetización científica de los decisores, mejorar los canales de comunicación y garantizar independencia en los organismos técnicos.
Entre datos y decisiones
La ciencia no puede —ni debe— reemplazar a la política, pero sí puede mejorarla. Ignorar la evidencia tiene costos: sanitarios, ambientales y económicos. Sin embargo, seguirla ciegamente sin considerar el contexto también puede generar tensiones sociales.
En definitiva, el rol de la ciencia en las políticas públicas no es absoluto, pero sí indispensable. En un escenario global cada vez más complejo, la calidad de las decisiones dependerá, en gran medida, de qué tan bien se logre articular el conocimiento científico con la acción política.
