Límite de Pista
Quién controla los datos de los argentinos en la era de la IA
Cada consulta a un chatbot, una compra online, una búsqueda en Internet o el uso de una aplicación genera información personal que alimenta sistemas de inteligencia artificial. Mientras empresas y organismos públicos incorporan estas tecnologías, crece el debate sobre quién administra esos datos, qué derechos tienen los ciudadanos y cómo se protege la privacidad en Argentina frente al avance de la economía digital.
La inteligencia artificial cambió la forma en que las personas trabajan, estudian, compran y acceden a la información. Pero detrás de cada interacción con un asistente virtual o una aplicación inteligente existe un activo de enorme valor: los datos personales.
Nombre, documento, ubicación, historial de navegación, preferencias de consumo, fotografías, registros médicos e incluso la forma en que una persona escribe o habla pueden convertirse en insumos para entrenar algoritmos, personalizar servicios o automatizar decisiones.
En Argentina, la protección de esa información está regulada por la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, sancionada en el año 2000, mucho antes de la aparición de la inteligencia artificial generativa. La norma reconoce derechos como el acceso, rectificación, actualización y supresión de los datos personales, además de establecer que, como regla general, su tratamiento requiere el consentimiento del titular.
Quién controla los datos personales
La autoridad encargada de aplicar la legislación es la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), organismo que supervisa el tratamiento de datos personales tanto en el sector público como en el privado.
Entre sus funciones se encuentran recibir denuncias, controlar el cumplimiento de la normativa y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sobre la información almacenada en bases de datos.
En 2023, la AAIP creó el Programa de Transparencia y Protección de Datos Personales en el Uso de la Inteligencia Artificial, con el objetivo de promover buenas prácticas y fortalecer las capacidades del Estado frente a los nuevos desafíos que plantea la IA.
La IA necesita datos para aprender
Los modelos de inteligencia artificial funcionan gracias al procesamiento de enormes volúmenes de información.
En algunos casos utilizan datos públicos disponibles en Internet; en otros, procesan información proporcionada directamente por los usuarios o generada durante el uso de plataformas digitales.
Especialistas en privacidad explican que existen diferencias importantes entre el entrenamiento de modelos de IA y el uso cotidiano de un asistente conversacional. Mientras el entrenamiento requiere conjuntos masivos de datos, las consultas realizadas por los usuarios también pueden ser almacenadas para mejorar servicios, detectar errores o desarrollar nuevas funciones, dependiendo de las políticas de privacidad de cada proveedor.
Por ese motivo, recomiendan evitar compartir información sensible —como datos médicos, financieros, contraseñas o secretos comerciales— en herramientas de inteligencia artificial de uso general, especialmente cuando no existe una política clara sobre el tratamiento de esos contenidos.
Empresas, Estado y ciudadanos
La expansión de la inteligencia artificial también alcanza al sector público y a las empresas.
Bancos, aseguradoras, hospitales, comercios electrónicos y organismos estatales utilizan algoritmos para analizar información, detectar fraudes, automatizar procesos y mejorar la atención al público.
Si bien estas tecnologías permiten ganar eficiencia, también plantean interrogantes sobre la transparencia de las decisiones automatizadas, los posibles sesgos de los algoritmos y la necesidad de garantizar que las personas conozcan cómo se utilizan sus datos.
La tendencia internacional apunta a exigir mayores niveles de trazabilidad y explicabilidad en los sistemas de inteligencia artificial, especialmente cuando intervienen en decisiones que pueden afectar derechos de los ciudadanos.
La legislación enfrenta nuevos desafíos
La Ley 25.326 continúa siendo el principal marco legal argentino en materia de protección de datos personales. Sin embargo, especialistas consideran que fue diseñada para un escenario tecnológico muy diferente al actual.
En los últimos años se debatieron proyectos para actualizar la normativa e incorporar principios acordes con el desarrollo de la inteligencia artificial, el tratamiento masivo de datos y los estándares internacionales de privacidad, aunque el país todavía no cuenta con una ley específica para regular la IA.
Mientras tanto, las empresas que operan en mercados internacionales también deben adaptarse a regulaciones extranjeras, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, cuando tratan información de ciudadanos europeos.
La privacidad como activo estratégico
En la economía digital, los datos personales se transformaron en uno de los recursos más valiosos. Permiten entrenar modelos de inteligencia artificial, mejorar servicios, personalizar experiencias y desarrollar nuevos negocios. Pero ese valor también incrementa la responsabilidad de quienes los recopilan y procesan.
Para Argentina, el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre innovación y protección de derechos. La inteligencia artificial ofrece enormes oportunidades para modernizar la salud, la educación, la industria y los servicios públicos, pero su desarrollo dependerá también de la confianza de los ciudadanos. Garantizar transparencia, seguridad y control sobre los datos personales será una condición indispensable para que la revolución de la IA avance sin comprometer uno de los derechos fundamentales de la era digital: la privacidad.
